¿Cuándo será? No se sabe, pero se prevé para la primera mitad de junio. Hasta entonces, se seguirá liquidando el tributo como se viene haciendo, mientras se analiza la situación con los ayuntamientos que le tienen delegadas las competencias, entre los que destacan Marbella, Estepona, Antequera, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Ronda y Coín. En cualquier caso, cabe reseñar que se trata de paralizar el cobro, no de anularlo. Ese paso queda aparcado a expensas de que las Cortes cumplan el mandato del TC y modifiquen la Ley de Haciendas Locales para garantizar que no se exija el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) cuando se pierda dinero con la venta del inmueble. 

Una vez resuelta la postura del órgano dependiente de la Diputación, la siguiente pregunta es qué harán la veintena de consistorios que gestionan directamente la plusvalía. En principio hay muchas dudas entre los distintos gobiernos municipales. Algunos, como el de Mijas, aseguran que estudiarán seguir el ejemplo de la capital y del Patronato, mientras que en otras grandes localidades de la Costa como Vélez, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola apuestan por esperar a que el asunto se zanje a nivel nacional. En lo que sí que coinciden todos es en el roto que puede hacerle en sus respectivas arcas la reforma de un impuesto que en el conjunto de la provincia y en sus distintas variables (en compraventa lo paga el que vende y en donaciones o herencias, el que lo recibe) les reporta cada año unos 135 millones de euros. Un temor que se dispara ante la posibilidad de que en el nuevo marco legislativo se aplique la retroactividad, lo que daría pie a un aluvión de reclamaciones de contribuyentes pidiendo la devolución de lo cobrado indebidamente durante los últimos cuatro ejercicios (más allá estaría prescrito). 

Reclamaciones

Según las primeras estimaciones, en la provincia hay unos 35.000 contribuyentes que podrían reclamar la devolución del tributo. Así lo ha calculado sociedad de tasación Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio de la vivienda y de datos de transmisiones de inmuebles del Ministerio de Fomento y el Colegio de Registradores de la Propiedad de los últimos cuatro años.

Mientras se despejan las incógnitas que planean sobre la retroactividad, la documentación que se exigirá para demostrar la venta a pérdidas o quién asumirá el coste de esa tramitación, el Patronato de Recaudación sí que tiene previsto poner en los próximos días a disposición del contribuyente (tanto en sus oficinas como en la web ‘https://portalweb.prpmalaga.es’) un modelo de solicitud en el que el usuario declarará que no ha obtenido beneficio en la operación. A diferencia de la medida adoptada por el Ayuntamiento de Málaga la liquidación no pasará a ser cero de forma automática. De hecho, se cobrará los estipulado y en el momento de que entre en vigor la nueva reglamentación y se compruebe que no tiene que tributar, se le devolverá el dinero. 

La tesis de esperar a que la cuestión se resuelva a nivel nacional es la adoptada por la mayoría de municipios. Incluido, de momento, el Ayuntamiento de Marbella. Pese a tener delegado el cobro de la plusvalía en el Patronato, el edil de Hacienda, Manuel Osorio, quiso aclarar que se trata de una decisión que debe tomar la corporación municipal y no la entidad que gestiona sus tributos. En ese sentido, la postura oficial es seguir cobrando el impuesto como hasta ahora.

Entre los que gestionan directamente este tributo, el Ayuntamiento de Vélez asegura que, sin llegar a suspender las liquidaciones, sí que las está ralentizando. «Los técnicos municipales no saben cómo valorar que no ha habido incremento, así que estamos a la espera», argumenta el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez. Desde Torremolinos, la edil de Economía, Maribel Tocón, reconoce que aún no se ha tomado ninguna decisión, mientras que en Benalmádena no contemplan habilitar este mecanismo. El alcalde, VíctorNavas, recuerda que un informe del interventor desaconseja realizar movimientos hasta que no haya un cambio normativo, con independencia de que la sentencia del Constitucional haya sentado jurisprudencia. 

En esta información han colaborado: Agustín Peláez, Nieves Castro, Alberto Gómez, Vanessa Melgar, Iván Gelibter, Fernando Torres, Antonio J. Guerrero y Charo Márquez.